MAELA

Movimiento Agroecológico de América Latina y el Caribe

Declaración “II Conferencia Especial para la Soberanía Alimentaria” mayo 8, 2010

Filed under: Manifiestos,Publicaciones — maelalac @ 9:57 pm

Declaración

“II Conferencia Especial para la Soberanía Alimentaria”

En Ciudad de Panamá, entre los días 25 y 26 de abril de 2010, el Comité Internacional para la Soberanía Alimentaria CIP (Coordinación Regional América Latina y El Caribe) facilitó la realización de la II Conferencia Especial para la Soberanía Alimentaria que antecedió a la 31ª Conferencia Regional de la FAO.

Provenientes de América Latina y El Caribe, los participantes, hombres y mujeres, campesinos, agricultores familiares, asalariados rurales, pescadores artesanales, jóvenes, Pueblos Indígenas y comunidades étnicas, redes ambientales y ONG´s, involucrados en la soberanía alimentaria y el derecho a la alimentación, nos reunimos para analizar el desarrollo económico y social de América Latina, el modelo industrial de agricultura y pesca y sus efectos sociales y climáticos, y las alternativas basadas en la soberanía alimentaria. La Conferencia Especial también tuvo como objetivo dar seguimiento a la Conferencia Internacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural (CIRADR); elaborar recomendaciones para la 31ª Conferencia Regional de FAO; así como construir un plan de acción de la sociedad civil fortaleciendo y desarrollando alianzas estratégicas.

Sostenemos que la soberanía alimentaria es un principio, una visión y un legado construido por los Pueblos Indígenas, campesinos, agricultores familiares, pescadores, mujeres, jóvenes y trabajadores rurales, la que se ha convertido en una plataforma aglutinadora de nuestras luchas y en una propuesta para la sociedad en su conjunto.  La Soberanía alimentaria se refiere a la producción sostenible con valores éticos, a la capacidad de producir lo que se necesita, a la autosuficiencia alimentaria, a una alimentación digna, sana y culturalmente apropiada, a la tenencia y acceso de los recursos tierra y agua, a conservar y construir biodiversidad, a recuperar el ser campesino, las culturas y saberes, el valor de los alimentos, a fomentar el trabajo y el  relevo generacional.

El actual modelo de desarrollo, basado en extracción abusiva de los recursos naturales y la excesiva contaminación ambiental, en la negación de los derechos y en la concentración de riquezas, ha generado una crisis que se visualiza en todas las dimensiones: económica,  cultural, social, alimentaria y ambiental. Este sistema económico está provocando el calentamiento global que afecta a toda la sociedad y en especial a los grupos más empobrecidos.

El sector alimentario, relacionado con la agricultura y la pesca, en menos de veinte  años, se ha concentrado en pocas empresas. Esta concentración fue determinante para el establecimiento de un modelo de desarrollo agrícola basado en sistemas intensivos de monocultivos para exportación, y en el uso de tecnologías e insumos contaminantes y nocivos a la salud, como transgénicos y agrotóxicos.

Este sistema intensivo de producción es responsable por una gran emisión de gases de invernadero, y genera el desplazamiento de poblaciones rurales, tradicionales e  indígenas, que flexibiliza derechos laborales, que provoca la eliminación de culturas y saberes locales y de formas de producción tradicionales y que induce a hábitos de consumos perjudiciales a la salud de los trabajadores y de toda la sociedad.

La región ha venido sufriendo una gran transformación que afecta a diversos sectores de la pesca, el campo y la ciudad.  Los patrones de acumulación, comercialización y consumo de carácter regional han reducido la producción nacional de alimentos y redefinido el papel de los mercados locales, generando una creciente importación de alimentos, lo que ha generado exclusión y violaciones de derechos.

Aunque algunos estados y organizaciones internacionales afirman que existe un consenso en relación con el reconocimiento del derecho humano a la alimentación, no hay consenso sobre la manera de garantizar este derecho. Por lo tanto, se avanza en la construcción de marcos jurídicos e institucionales y en la creación y ejecución de los programas de emergencia para combatir el hambre, sin embargo, no hay muchos avances respecto a los problemas estructurales y a las políticas necesarias para superarlos, y precisamente por esta razón que la mayoría de los países no ha progresado en las medidas para garantizar efectivamente la soberanía alimentaria. En muchos países hay una fuerte tendencia a la marginalización y a criminalizar los movimientos que realizan acciones directas para demandar la soberanía y el derecho a la alimentación.

La II Conferencia Especial declara y demanda:

  • Que se termine con la criminalización de los movimientos que luchan por soberanía y el derecho humano a la alimentación
  • Que la recuperación de la autonomía y la soberanía alimentaria, cultural y política para los pueblos requiere de políticas y programas que fomenten la producción de la agricultura campesina, familiar y de los pueblos indígenas, además de la pesca artesanal, como garantía a toda la sociedad para acceder a alimentos seguros, sanos, aceptables culturalmente, sostenibles, nutritivos y suficientes, y como un aporte social, cultural y económico fundamental en el sostenimiento de las sociedades actuales.
  • Que es necesario valorar y promover la agroecología, y los saberes y modos tradicionales de producir alimentos, como una medida de soberanía, seguridad y garantía del Derecho Humano a la Alimentación y como un enfrentamiento al cambio climático. Además, se requiere que los estados promuevan el consumo solidario, basado en alimentos sanos, adecuados, permanentes, sostenibles y accesibles.
  • Que las medidas de reducciones de emisiones de gases de efectos invernadero deben respetar el Derecho Humano a la Alimentación, por tanto no es posible aceptar la expansión de los agrocombustibles y la construcción de represas hidroeléctricas. Estos proyectos generan nuevas violaciones de derechos, como desplazamiento y hambruna, nuevas emisiones de gases de efectos invernaderos y condiciones muy precarias de trabajo. A su vez, las medidas de adaptación deben garantizar la cultura y forma de producir, las condiciones de vida y los derechos humanos de la población.
  • Que la puesta en marcha de explotaciones mineras, y de otros megaproyectos y concesiones, como el intento de abrir el Tapón del Darién en Panamá, afectan directamente la salud de la madre tierra y por ende la soberanía alimentaria de toda la sociedad panameña.
  • Que es imperativo que los gobiernos de la región den cumplimiento a las disposiciones contenidas en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas.
  • Que se ratifique por los Estados el convenio 169 de la OIT, para el reconocimiento del las tierras de los pueblos indígenas.
  • Que es fundamental que los derechos de las agricultoras y agricultores, previstos en el Tratado de Recursos Fitogenéticos, sean garantizados.
  • Que se ratifique e implemente por los gobiernos el Convenio 184 de la OIT, referente a la salud y seguridad de los trabajadores rurales por los derechos y por la vida.

  • Que las políticas de soberanía y derecho a la alimentación tengan el enfoque de derechos, lo cual permita la participación activa e informada de los actores, que haya presupuestos y  definición de indicadores, metas y plazos para que sean cumplidas y que haya coherencia entre los medios para garantizar derechos y sus propósitos.
  • Que las leyes de garantía de derecho a la alimentación incorporen los elementos políticos, económicos, sociales, ambientales y culturales que están bajo el concepto de soberanía alimentaria.
  • Que FAO debe cumplir un papel relevante para fomentar con los movimientos sociales el tema de soberanía alimentaria y su vínculo con el derecho a la alimentación en los países.
  • Que FAO cumpla su compromiso de conformar la unidad de Pueblos Indígenas que permita su reconocimiento y la implementación de políticas y programas.
  • Que FAO y los gobiernos deben cumplir con los compromisos adoptados en la Conferencia Internacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural, CIRADR, pues el acceso a la tierra, al agua, a la biodiversidad, a los bosques y a los recursos productivos es fundamental para la soberanía y para el derecho a la alimentación. La implementación de una reforma agraria debe ser  integral, equitativa, participativa y con la debida consulta y el consentimiento previo, libre, e informado de los Pueblos Indígenas, comunidades étnicas, productores campesinos y familiares y pescadores artesanales.
  • Que los Programas de Cooperación  Técnica de FAO son importantes instrumentos para el seguimiento de CIRADR, en la medida que la participación de la sociedad civil y de los movimientos sociales sea asegurada desde la elaboración, la ejecución y la evaluación de los mismos.
  • Que es urgente que los gobiernos garanticen que FAO recupere su mandato original y habrá espacios de participación efectiva y permanente de la sociedad civil. Si bien, mantenemos una relación creciente, independiente, respetuosa y colaborativa con la Oficina Regional de FAO, esto es insuficiente, especialmente en los países, porque aún depende de la iniciativa de algunos gobiernos y de las personas que dirigen y trabajan en la Organización.
  • En este mismo ámbito, destacamos el apoyo que hemos recibido del gobierno brasileño para el fortalecimiento del Comité para la Soberanía Alimentaria y para la realización de los diálogos nacionales. Planteamos que otros gobiernos tengan la misma iniciativa.
  • Valoramos el esfuerzo de reforma del comité de seguridad alimentaria, en especial la formalización de la participación de las organizaciones sociales. Sin embargo, es necesario que esta representación no sólo tenga carácter consultivo, sino también resolutivo. Además, a nivel de las regiones, la conformación del comité regional debe considerar que la participación de las organizaciones sociales se constituya desde de los avances, realidades y especificidades de las relaciones ya consolidadas entre las estas, FAO y los Estados. En América Latina y El Caribe, las organizaciones sociales han decidido durante la II Conferencia Especial que el CIP Regional sea el órgano que les represente en CSA regional.
  • Por último, que se establezca oficialmente la realización de las Conferencias Especiales de la sociedad civil, para la construcción de sus propuestas, y que se formalice y garantice la participación articulada y en igualdad de condiciones de las organizaciones y movimientos sociales en las Conferencias Regionales de  FAO.

POR LOS DERECHOS Y POR LA VIDA,

POR UN PRESENTE Y UN FUTURO SIN HAMBRE,

ES TIEMPO DE SOBERANIA ALIMENTARIA

Anuncios
 

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s